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Acceso a la Información Pública

Aplicación del  Decreto 1172/2003 (texto actualizado de la norma según Decreto 79/2017)

La democracia no se limita al derecho de los ciudadanos a votar en elecciones periódicas. Para que una democracia se consolide y perfeccione es necesario que exista una ciudadanía informada y capaz de participar en el debate público. De esta manera, se logra un control ciudadano efectivo de las acciones de gobierno, mejorando la calidad de las instituciones.

El este sentido, el derecho de acceso a la información pública permite, entre otras cosas:

– Construir y promover un diálogo informado entre gobernantes y gobernados,
– Garantizar el efectivo ejercicio de otros derechos,
– Desarrollar una democracia y una gestión pública transparente, legítima y eficiente.

El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos y organismos mencionados a continuación. La información debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse una solicitud.

Están obligados a brindar información pública:

a) La Administración Pública Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;

b) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

c) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal;

d) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;

e) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;

f) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;

g) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales;

h) El Banco Central de la República Argentina;

i) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación;

j) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.


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Una de las consecuencias más terribles de la crisis de 2008 ha sido los  innumerables despidos , que han afectado tanto a los más humildes trabajadores como a directivos y empleados muy bien remunerados. En estos últimos se centra el film  ‘The Company men’ , en el que una compañía de transportes despide a miles de empleados de la noche a la mañana. Entre ellos, los tres protagonistas:  MUJERES BOLEROGANCHO PARA BOLERO PUNTO MANCHERON REINO UNIDO TALLA 3654 EU Sarcelle
, Tommy Lee Jones y Chris Cooper.

Los tres descubrirán que ya no pueden mantener su alto tren de vida y  tendrán que enfrentarse a la realidad de un mercado laboral que no busca a personas con su perfil . El  tráiler  da una idea de aquello por lo que pasarán, y es que hasta los ricos pueden sufrir la crisis y acabar como un obrero a sueldo de su cuñado (Kevin Costner).

Las guerras por el agua son amenazas más cercanas de lo que se sospechaba

Los científicos encontraron solo un factor "extremadamente exacerbante" que lleva a un potencial conflicto y lo localizaron en el noreste de África. Se trata de la cuenca del Nilo, cuyo uso se regula por un acuerdo internacional. El conflicto se está gestando entre Egipto y Etiopía.


Miércoles 19 de Julio de 2017, 10:45pm


Sternzeichen

Moscú, 19 de julio (RT actualidad) .- Los próximos conflictos internacionales pueden originar en la construcción de alguna nueva represa o desvío de algún río con la creciente escasez del agua potable y destinada al consumo industrial como telón de fondo. Un grupo de hidrólogos y politólogos europeos ha hecho un intento de pronosticarlos mediante el resumen de su análisis en la revista 'Global Environmental Change'.

Los autores analizaron la situación política en torno a un total de 1.400 embalses y represas ya existentes y en construcción en los ríos transfronterizos y limítrofes. Proponen el propio término de 'tensión hidropolítica' y clasifican las regiones con mayores y menores riesgos de esta clase de tensiones. Solo Oceanía no los tiene, gracias a la distribución de sus Estados.

El punto más tenso

Incluso en Norteamérica hay problemas con el uso compartido de los recursos hídricos, pero los científicos encontraron solo un factor "extremadamente exacerbante" que lleva a un potencial conflicto y lo localizaron en el noreste de África. Se trata de la cuenca del Nilo, cuyo uso se regula por un acuerdo internacional.

El conflicto se está gestando entre Egipto y Etiopía. Las autoridades de este último país quieren (en detrimento de la cuota establecida) sacar más provecho del Nilo Azul, cuya cabecera se encuentra en su territorio.

Etiopía tiene programado redirigir parte de las aguas de la cuenca del Nilo hacia el río Awash (que no tiene salida al mar) para construir una represa y producir más energía eléctrica. El proyecto puede empobrecer el cauce bajo del Nilo: una obvia amenaza para la economía egipcia, que depende desde la antigüedad del ciclo fluvial.

Cuando un río separa a dos países nucleares

En octubre pasado un grupo de estudiosos de la Universidad de las Naciones Unidas advirtió sobre otro posible conflicto —y potencialmente el primer conflicto nuclear— entre la India y Pakistán. Para el nuevo estudio es también un importante punto de 'tensión hidropolítica'.

No obstante, la distribución del agua nunca ha sido el problema clave en las complicadas relaciones entre ambos países. Solo puede calentar los desacuerdos generales, explicó en un comentario la vicedirectora del sector iberoamericano del Centro de investigaciones sistémicas europeas e internacionales de la Escuela Superior de Economía, Anastasia Lijachova.

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  • Mientras tanto, entre Etiopía y Egipto no existe el grado de confrontación latente como entre la India y Pakistán, pero el problema es más profundo. Históricamente se conformó un mecanismo de uso del Nilo favorable a la parte egipcia. Etiopía solo consume entre el 2 y el 3% de su agua. Adís Abeba intenta revisar esta distribución, pero esos intentos la enfrentan a otros países dependientes del río.

    Es necesaria una profunda  reformulación de la evaluación de políticas públicas  (EPP) en España. Es preciso que, de una vez por todas, junto con la transparencia y la participación ciudadana, se constituya la tercera pieza del 'trípode' que promueve el buen gobierno y el derecho de los ciudadanos a la buena administración, reconocido por la  Carta de Derechos Fundamentales de la  Unión Europea , además de en diversos estatutos de autonomía, leyes y jurisprudencia. No se trata tan solo del necesario control de ejecución y legalidad del gasto público, algo que ya se viene realizando desde hace mucho tiempo, sino de intervenir antes, durante y después del proceso de las políticas públicas para aumentar su racionalidad y mejorar su eficacia, eficiencia y sus impactos sociales. Hoy, más que nunca, necesitamos saber qué se hace con el  dinero público  y para qué sirve realmente.

    Para quienes defendíamos la necesidad de institucionalizar la EPP en nuestro país, la creación en 2006 de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas (Aeval) representó el reconocimiento de una demanda social y la apertura de un nuevo marco para la  acción pública . En efecto, se trataba, por una parte, de cubrir el  déficit  de 'cultura evaluadora' en el seno de la Administración, de manera efectiva y operativa, fomentando la creación de un sistema de evaluación de la acción de los poderes públicos. Pero, además, se perseguía racionalizar la intervención pública, conectándola a unos resultados de bienestar social, e informar y abrir cauces a la participación ciudadana; en última instancia, se buscaba, sobre todo,  contribuir a la mejora de la democracia .